No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento.
Mario Benedetti
La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines – Sindicato de Industria – ASONAL JUDICIAL S.I. rechaza de manera vehemente la postura del Ejército de Liberación Nacional – ELN, tras no haber obtenido el intercambio humanitario propuesto para la libertad de los secuestrados en su poder, hoy posan de ser un modelo alternativo de justicia en Colombia y dan inicio a un juicio revolucionario en contra de nuestros compañeros Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada funcionarios del CTI, retenidos el 8 de mayo de 2025 en Fortul – Arauca, así como los miembros de la policía – Dijin, Jordin Fabian Pérez Mendoza y Frankin Sley Hoyos Murcia quienes tienen funciones de policía judicial capturados en la vía Tame – Arauca el pasado 20 de julio de 2025.
El próximo viernes 8 de mayo del presente año, se cumple un año de cautiverio irregular por parte de la insurgencia del ELN y junto con los dos agentes de la Dijin retenidos el 20 de junio de 2025, tiempo en el cual, Asonal Judicial S.I. ha realizado múltiples acciones de cabildeo tanto con la institucionalidad, las plataformas de derechos humanos, como hacia esa fuerza rebelde para obtener la liberación de nuestros compañeros Pacheco Oviedo y López Estrada; de quienes afirmamos que ellos no son actores armados dentro del conflicto social y armado que hoy padece el país, su retención se produjo en horas nocturnas cuando ellos, prestaban servicio de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
La figura del “juicio revolucionario” se constituye en una práctica ilegal e ilegítima utilizada por grupos armados irregulares, como el ELN, para justificar secuestros prolongados y sentencias condenatorias impuestas a funcionarios públicos o miembros de la fuerza pública, calificándolos como “prisioneros de guerra” o sujetos a “prisión revolucionaria” en lugar de secuestro. Esta práctica pretende desfigurar la legitimidad de la administración de justicia en nuestro país, y se asume desde la insurgencia para poner en contexto a la comunidad nacional e internacional una acción militar que justifique en cierta manera, su actuar en contra del DIH sin ser expuestos ante sus aliados internacionales.
El protocolo II de la Convención de Ginebra Título IV, Art. 13, protege a los civiles en el marco de los conflictos internos en los países miembros, formando parte integral del Derecho Internacional Humanitario – DIH. Para este caso específico Jesús Antonio y Rodrigo Antonio son dos personas, que ostentan la categoría de “Civiles” no involucrados en el conflicto interno, pese a que estuvieran al momento de su retención portando armas, que son propias para la prestación de su servicio de seguridad en las edificaciones de la entidad para la cual laboran como personal del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, el Gobierno Nacional actual, no ha atendido nuestras solicitudes para dialogar con la insurgencia del ELN, pese a que hace algunos meses afirmó públicamente la voluntad de reactivar los diálogos con dicho actor armado irregular; por lo que les escribimos para que, en el primer punto de esa mesa por reactivar, se dispusiese en forma consensuada entre las partes, la liberación de nuestros compañeros.
Observándose un congelamiento por parte de la administración de Gustavo Petro en este sentido particular; mesa que se levantó por acciones militares del ELN en contra de las fuerzas militares, pero hoy las disidencias de las antiguas Farc-ep y el Clan del Golfo ejecutan hostigamientos no solo contra el ejército nacional, sino afectaciones a la población civil y no se les ha dado el mismo tratamiento, es decir, suspensión de las mesas de diálogo.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz no han actuado con la diligencia debida en este suceso, la Fiscalía que es la entidad empleadora, la defensoría del pueblo, cuya misionalidad es la defensa de los derechos humanos y del Alto Comisionado que ha guardado un silencio fúnebre en este caso; no han realizado pronunciamientos públicos que tiendan a buscar un acercamiento entre los actores de diálogos de paz, o directamente con la insurgencia del Eln para buscar una salida humanitaria sin trasgredir la normatividad interna, que conduzca a la libertad inmediata de nuestros compañeros.
Hoy salen por los medios de opinión nacional, las entidades de derechos humanos con declaraciones timoratas en el sentido de hacer llamados a la preservación de la integridad física de los secuestrados; pero no han puesto en marcha su misionalidad para presionar al gobierno nacional y al Eln, desde la convencionalidad internacional para buscar caminos de libertad de las personas en cautiverio, así como allanar sendas comunes que permitan reanudar los diálogos de paz y así entregarle a los colombianos una nueva esperanza en términos de la dejación de armas, y la construcción colectiva de un nuevo país.
En este sentido, orientamos a todas nuestras estructuras políticas organizativas a nivel nacional, para que a partir de este viernes 8 de mayo, realicemos plantones en todas las sedes de la Fiscalía General de la Nación, luego hagamos velatones y posteriormente acudamos en unidad a una gran movilización nacional por la libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada funcionarios del CTI, así como los miembros de la Dijin, Jordin Fabian Pérez Mendoza y Frankin Sley Hoyos Murcia.
Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
Martin Niem
UN-ANO-DE-CAUTIVERIO
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